En Funes, EPE detectó robo de energía en un country en construcción

La cantidad de energía sustraída equivale al consumo promedio de un usuario residencial durante 30 años. El hurto fue identificado en un desarrollo inmobiliario de Funes, en el marco de los operativos por conexiones irregulares que realiza la empresa periódicamente.

Provinciales 30/04/2024 Claudia Claudia
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) continúa con los operativos de detección de conexiones clandestinas, en el marco del plan que busca disminuir las pérdidas no técnicas en las redes de distribución de toda la provincia de Santa Fe. “En esta oportunidad se detectó una conexión directa clandestina desde la red de distribución por un consumo de casi 92.000 kilowatts, una cantidad de energía que equivale al consumo promedio de un usuario residencial durante 30 años lo cual implica un robo por 14 millones de pesos”, indicó el presidente de la empresa, Hugo Marcucci para luego asegurar: “Tenemos el mandato del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, de hacer de la EPE una empresa eficiente y con mejor prestación de servicio. En este sentido, controlar a quienes están robando energía es una manera de apuntar a mejorar el servicio. Por eso, el que roba energía perjudica principalmente a los santafesinos porque atentan contra la calidad del servicio”.

Hurto de energía

Puntualmente, el hallazgo tuvo lugar en un barrio cerrado en construcción ubicado en la zona sur de la localidad, a la vera de la autopista Rosario - Córdoba, entre los barrios Aguadas y San Sebastián. El acta final de la empresa arrojó que en el lugar se produjo hurto de energía de 91.974 kWh y el monto total fue de $ 14.493.248. 
Desde la EPE indicaron el impacto del hurto sobre la red eléctrica: “Cada robo de esta magnitud implica una fuerte sobrecarga en la red, generando bajos niveles de tensión y cortes. Asimismo, la manipulación de electroductos de forma ilegal puede generar graves accidentes como incendios, explosiones o descargas, provocando importantes lesiones e incluso la muerte”.
Marcucci recordó que cada irregularidad detectada es llevada a la Justicia para su sanción: “Según el Código Penal, el hurto o manipulación de energía eléctrica puede tener una pena de prisión, además de las restituciones y recargos económicos por hurto o estafa”. Además, el funcionario recordó que se encuentra vigente el sistema de denuncias anónimas: “Contamos con una vía de recepción de denuncias anónimas sobre irregularidades en el servicio. Se puede comunicar al 0 800 555 0083, en la oficina virtual de la empresa, a través de la web oficial, www.epe.santafe.gov.ar/?denunciafraude y también a [email protected]”.

Auditoría y transparencia

Días atrás la firma pública dio a conocer detalles de la auditoría realizada sobre el periodo 2020-2023 en la que detectaron pérdidas mensuales por hurto de energía por $4.200 millones de pesos, representando un 7,32% del total de la energía operada. La gestión actual, dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, se propuso modernizar la empresa: “La auditoría identificó inexistencia de visión estratégica, insostenibilidad económica, deterioro en la calidad del servicio, ineficiencia de procesos y falta de innovación tecnológica. Nosotros queremos transformar la EPE y vamos a dejar todo para lograr una empresa eficiente y transparente. Para alcanzar este objetivo, el primer paso es saber dónde estamos parados, qué está mal, y qué debemos cambiar”, concluyó Marcucci.

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El ministro de Desarrollo Productivo se refirió a la situación actual de la EPE. “Todo tiene que ser denunciado y que sea la propia Justicia la que desestime. Pero no puede haber discrecionalidad por parte de una empresa que brinda energía a toda la ciudadanía. Estas cosas generan perjuicio”, explicó.

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Los propietarios del terreno ya habían sido notificados de denuncias en otras oportunidades por hacer trabajos no habilitados que alteraban los escurrimientos naturales de aguas a la Laguna La Picasa. Ante la reincidencia, las fuerzas de seguridad acompañaron a operarios de recursos hídricos que actuaron de oficio para resolver la situación. Los responsables deberán afrontar los costos que demandó el operativo.

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